Instituto InteramericanodeDerechos Humanos

Tradicionalmente se ha observado que, en la interacción entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades públicas, como fenómeno propio y específico del desarrollo social y político de cada país, hay tensiones y acercamientos que inciden – positiva o negativamente- en la realización, protección y promoción de los derechos humanos. En ese marco, el IIDH con su experiencia de cuarenta años, ha actuado como un reconocido interlocutor primordialmente entre las instancias estatales y la sociedad civil, generando espacios de diálogo proactivo reconocidos y legitimados en el ámbito político regional y legitimados.
Sin embargo, también observa que cada vez más se visibiliza en el debate académico y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos “el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos” (OACNUDH, 2011). 
Por lo tanto, ha decidido incorporar al sector privado empresarial en sus intervenciones en una triada de actores sociales que requieren el fortalecimiento de capacidades y sensibilidad para la protección de los derechos humanos. De acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, el IIDH entiende, que estos deben ser uno de los ejes centrales en las estrategias de cualquier empresa, independientemente de su tamaño y sector, especialmente cuando su actividad tiene impactos -directos e indirectos- en el medio ambiente y en los derechos y desarrollo de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad. 
Por lo tanto, en adelante el IIDH se refiere como portadores de obligaciones a la institucionalidad pública y agentes estatales; y como portadores de responsabilidades a los actores de carácter privado, como el sector empresarial que, en el contexto actual, tienen gran capacidad e incidencia en la protección –o no- de los derechos humanos.

Es un marco conceptual que asume como premisa básica las normas, principios y prácticas de derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia que emana tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Naciones Unidas. Asume también la doctrina de la integralidad e interrelación de los derechos humanos, reconociendo que estos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí. 
El IIDH también hace suyos los cuatro principios de derechos humanos que sustentan el EBDH: no discriminación; participación e inclusión; transparencia y rendición de cuentas; y, vigencia del Estado de Derecho.
En términos generales, implica que cada acción y proceso estén directamente relacionados con la garantía y el goce de los derechos humanos en el hemisferio. Para ello, se propone continuar fortaleciendo las capacidades de los titulares de derechos y de los portadores de obligaciones y de responsabilidades. En los primeros, para coadyuvar con su empoderamiento con miras a exigir el cumplimiento de sus derechos; y, en los segundos, para que cumplan sus obligaciones y acciones de debida diligencia, incorporando en las leyes, prácticas, políticas públicas y jurisprudencia nacional, los estándares internacionales de derechos humanos.

El IIDH reconoce que un rasgo permanente de la vida en sociedad es la diversidad de los seres humanos, que se distingue por la coexistencia de distintas visiones y formas de percibir el mundo, la vida y la existencia humana, incluyendo la concepción sobre la propia identidad y pertenencia, maneras de ser, estar, sentir, pensar y relacionarse. En esta perspectiva, identifica como un valor las diversidades nacionales y regionales, étnicas y culturales, de género, sexuales, etarias, religiosas, ideológicas, sociales, económicas, políticas y de capacidades, entre otras.
Sin embargo, la discriminación y desigualdad son serios impedimentos para lograr que las diversidades y personas y grupos en situación de vulnerabilidad alcancen condiciones de vida que se correspondan con los estándares universales de derechos humanos. Por consiguiente, el IIDH promueve los enfoques de género, diferencial e interseccional como condición fundamental para el desarrollo de sus acciones. 
Estos enfoques suponen el reconocimiento de que ninguna norma, práctica o intervención debe ser neutral, sino que desde su diseño debe analizarse el impacto diferenciado que tienen en las situaciones particulares en la vida de cada grupo estructuralmente excluido, y plantear soluciones pertinentes.
Por una parte, las intervenciones deben ir encaminadas a promover que los entes portadores de obligaciones y responsabilidades tomen medidas apropiadas y diferenciadas para garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones diversas. Por otro lado, deben contribuir al cambio de percepción social e institucional a fin de contribuir a la eliminación de prejuicios y estereotipos estigmatizantes que generan y perpetúan las relaciones desiguales de poder, la discriminación y la violencia, y criminalizan las diferencias. 
En sociedades tan diversas, el IIDH aplica el enfoque de interseccionalidad, definido como “un modelo de análisis de las diferencias sociales que aborda el fenómeno de lo que se llama desapoderamiento, el cual se produce cuando se cruzan, en una misma persona, diferentes modalidades y formas de discriminación [...]” (Fáundez & Weinstein, 2012). En otras palabras, cada intervención debe ser sensible y pertinente a las múltiples discriminaciones que atraviesan el cuerpo social.

A pesar de los avances en la transición democrática, entre los que se encuentran la consolidación de los procesos electorales y un más amplio reconocimiento de derechos, todavía se observan importantes déficits institucionales e, incluso, prácticas políticas autoritarias y corruptas que obstaculizan la consolidación del Estado social y democrático de Derecho en la región vaciando de contenidos la democracia y favoreciendo los retrocesos. Por lo tanto, es prioridad del IIDH promover el fortalecimiento de las democracias de manera que puedan ser catalogadas como auténticas, funcionales e incluyentes. 

Esto requiere la implantación de regímenes democráticos, con legitimidad tanto de origen como de ejercicio, que garanticen la participación política, especialmente de los sectores y poblaciones tradicionalmente excluidos; la plena vigencia del Estado de Derecho; y el buen funcionamiento de los poderes del Estado, con énfasis en el sector judicial, así como de los mecanismos e instituciones gubernamentales.

Desde esa perspectiva, un primer elemento de la participación política es la integridad electoral, la que requiere no solo de los mecanismos formales (periodicidad y regularidad de elecciones; conformación de organismos electorales; logística electoral eficaz y eficiente; educación cívica y partidos políticos que representen genuinamente los intereses de la ciudadanía que aglutinan, entre otros), sino también de la ampliación de la dimensión de la participación a aspectos que enfatizan su calidad (por ejemplo, la equidad, igualdad e inclusión en la contienda; una mayor y mejor observación nacional e internacional de elecciones; el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos; la ética tanto en los aspectos económicos como en la veracidad y sinceridad del discurso; el acceso a la información y condiciones para su difusión; el impacto de técnicas de sondeo de opinión pública como las encuestas, y la realización de debates con equidad o la participación de sectores específicos de manera inclusiva). En definitiva, también requiere que se implementen medidas de acción afirmativa para promover la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y otros grupos tradicionalmente excluidos, así como la generación de políticas públicas para erradicar la violencia política de género. 

Sin embargo, la participación política no se restringe a lo electoral, sino que incluye otras formas que den la posibilidad de pronunciarse acerca de asuntos de debate público y generar iniciativas de acción comunitaria, local, regional o nacional. Dichas formas de participación deben ir encaminadas a superar la exclusión, por lo que deben fundamentarse en un concepto de ciudadanía amplio, con el mayor grado posible de universalidad, incorporando reglas y procedimientos favorables e idóneos que reconozcan los derechos de las poblaciones y grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

Por otro lado, las democracias deben reconocer el Estado de Derecho bajo su concepción más amplia que “incorpora elementos como el grado de desarrollo del régimen constitucional, las efectivas limitaciones al poder [a partir de una división efectiva de poderes con frenos y contrapesos], el sistema de derechos humanos, el sistema electoral efectivo, las leyes y mecanismos que protejan a las minorías y la presencia de una sociedad civil fuerte [activa y demandante]” 4 (Cordenillo y Sample, 2014). 

Asimismo, el Estado de Derecho y la democracia requieren instituciones sólidas y con capacidad para formular y gestionar políticas y bienes públicos estratégicos -ojalá sustentados en el EBDH- dirigidos a la satisfacción de necesidades concretas de la ciudadanía. Para ello, deben contar con marcos normativos adecuados y presupuestos suficientes y sostenidos. A su vez, el funcionariado público debe poseer los conocimientos y capacidades necesarias para ejercer su mandato con pleno respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad.

Es un marco conceptual que asume como premisa básica las normas, principios y prácticas de derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia que emana tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Naciones Unidas. Asume también la doctrina de la integralidad e interrelación de los derechos humanos, reconociendo que estos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí. 
El IIDH también hace suyos los cuatro principios de derechos humanos que sustentan el EBDH: no discriminación; participación e inclusión; transparencia y rendición de cuentas; y, vigencia del Estado de Derecho.
En términos generales, implica que cada acción y proceso estén directamente relacionados con la garantía y el goce de los derechos humanos en el hemisferio. Para ello, se propone continuar fortaleciendo las capacidades de los titulares de derechos y de los portadores de obligaciones y de responsabilidades. En los primeros, para coadyuvar con su empoderamiento con miras a exigir el cumplimiento de sus derechos; y, en los segundos, para que cumplan sus obligaciones y acciones de debida diligencia, incorporando en las leyes, prácticas, políticas públicas y jurisprudencia nacional, los estándares internacionales de derechos humanos.

El IIDH reconoce que un rasgo permanente de la vida en sociedad es la diversidad de los seres humanos, que se distingue por la coexistencia de distintas visiones y formas de percibir el mundo, la vida y la existencia humana, incluyendo la concepción sobre la propia identidad y pertenencia, maneras de ser, estar, sentir, pensar y relacionarse. En esta perspectiva, identifica como un valor las diversidades nacionales y regionales, étnicas y culturales, de género, sexuales, etarias, religiosas, ideológicas, sociales, económicas, políticas y de capacidades, entre otras.
Sin embargo, la discriminación y desigualdad son serios impedimentos para lograr que las diversidades y personas y grupos en situación de vulnerabilidad alcancen condiciones de vida que se correspondan con los estándares universales de derechos humanos. Por consiguiente, el IIDH promueve los enfoques de género, diferencial e interseccional como condición fundamental para el desarrollo de sus acciones. 
Estos enfoques suponen el reconocimiento de que ninguna norma, práctica o intervención debe ser neutral, sino que desde su diseño debe analizarse el impacto diferenciado que tienen en las situaciones particulares en la vida de cada grupo estructuralmente excluido, y plantear soluciones pertinentes.
Por una parte, las intervenciones deben ir encaminadas a promover que los entes portadores de obligaciones y responsabilidades tomen medidas apropiadas y diferenciadas para garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones diversas. Por otro lado, deben contribuir al cambio de percepción social e institucional a fin de contribuir a la eliminación de prejuicios y estereotipos estigmatizantes que generan y perpetúan las relaciones desiguales de poder, la discriminación y la violencia, y criminalizan las diferencias. 
En sociedades tan diversas, el IIDH aplica el enfoque de interseccionalidad, definido como “un modelo de análisis de las diferencias sociales que aborda el fenómeno de lo que se llama desapoderamiento, el cual se produce cuando se cruzan, en una misma persona, diferentes modalidades y formas de discriminación [...]” (Fáundez & Weinstein, 2012). En otras palabras, cada intervención debe ser sensible y pertinente a las múltiples discriminaciones que atraviesan el cuerpo social.